Resumen
A los sesenta años de la firma del primer tratado bilateral de inversiones el régimen de solución de controversias inversor-Estado se encuentra en proceso de cambio y fuertes críticas, en particular se destaca la existencia de disputas en las que el inversor cuestiona medidas estatales de protección de derechos humanos (acceso al agua potable, salud pública, medioambiente entre otros). En este contexto, el presente artículo busca responder a la pregunta si existe confluencia o bifurcación de caminos en las controversias inversor-Estado que involucran derechos humanos. La respuesta a dicha pregunta se dará mediante la selección y análisis de los casos Eco Oro contra Colombia y Bear Creek contra Perú, ejemplos claros de fragmentación del Derecho Internacional.